El reciente Real Decreto-ley 1/2025, publicado el 29 de enero de 2025, ha introducido un conjunto de medidas esenciales destinadas a proteger a los colectivos vulnerables en el ámbito de la vivienda. Entre las medidas destacadas se incluye la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2025, conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 11/2020.
Además, este nuevo decreto ofrece la posibilidad a propietarios y arrendadores de solicitar compensaciones hasta el 31 de diciembre de 2026, según lo estipulado en el Real Decreto-ley 37/2020.
Un aspecto clave de esta normativa es la creación de una línea de avales respaldada por el Estado para cubrir impagos en el alquiler de viviendas para jóvenes y familias vulnerables, facilitando así su acceso al mercado de alquiler. Esta garantía cubrirá el pago de rentas impagadas, daños causados por inquilinos y costes de suministros asumidos por la propiedad, entre otros.
Para beneficiarse del aval, los inquilinos deben cumplir ciertos requisitos, como ser menores de 35 años o considerados vulnerables según los criterios reglamentarios. La solicitud de cobro de las cantidades avaladas podrá realizarse en un plazo de seis meses desde la recuperación de la posesión de la vivienda.
Se espera la aprobación del reglamento en un plazo máximo de seis meses, aplicable a los contratos vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2025. Este reglamento podría incluir a otros colectivos beneficiarios.
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